Fiscal Luis Arellano Martínez, cuya actuación en el caso Pazos Holder despierta múltiples sospechas.
Cuando un informe policial, elaborado con sumo cuidado y minuciosidad a prueba de balas, se queda en el cajón del escritorio de un fiscal, algo huele mal. Un día de retraso es tiempo suficiente para esconder cualquier prueba. Y los rastros pueden desaparecer a causa de la extraña lentitud fiscal en el caso Pazos Holder, un empresario al que una investigación de la Policía encontró serios indicios de lavado de activos en la modalidad de narcotráfico.
| Unidad de investigación de la Revista JUEZ JUSTO |
El informe policial llegó los primeros días de diciembre del año pasado al escritorio del fiscal Luis Arellano Martínez, de la Cuarta Fiscalía contra la Criminalidad Organizada. El documento, elaborado por la División de Investigación de Lavado de Activos (DIVILA) de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional, es contundente. Se habían encontrado serios indicios de que el empresario Jorge Pazos Holder, que se hizo conocido por CESCA, es culpable del lavado de activos. Han pasado más de 100 días y Arellano Martínez ha actuado con extrema lentitud en la investigación de este caso que involucra a otras instituciones educativas de propiedad del mismo empresario como CICEX, Computrónic y la Universidad Peruana de Ciencias eInformática.
La Asociación Civil Unidos contra el Narcotráfico (UCONA), que el año pasado hizo público el caso, reaccionó ante la sospechosa desidia del fiscal. El presidente de la asociación, el ex congresista Heriberto Benítez, denunció hace más de un mes al fiscal Arellano Martínez por encubrimiento. La denuncia dice a la letra: “…ha transcurrido más de setenta días sin que se efectúe tal pronunciamiento, situación que vislumbra un presunto encubrimiento por parte del denunciado a efectos de sustraer de la persecución penal a una persona que ha incurrido en un delito, y a omisión de ejercicio de la acción penal que está incurriendo el magistrado denunciado”. Ahora ya pasaron más de 100 días y el fiscal en cuestión no ha movido un dedo desde que recibió el informe policial. Ha olvidado las señales obvias de desbalance patrimonial de un hombre que fue pareja sentimental de Tula Vela Rojas, presa en el Penal de Santa Mónica por haber sido atrapada “con las manos en la pasta”. Por si fuera poco, Vela Rojas es la madre de su única hija.
Es una conducta totalmente anómala, dicen los denunciantes. Y esta situación “está permitiendo que un presunto implicado por un delito de gravedad como lo es el lavado de activos, sea sustraído de la acción de la justicia y en su caso ocultando y/o enmendando los indicios que han sido encontrados para la formulación de la denuncia en su contra”. El delito de encubrimiento está previsto por el artículo 404° del Código Penal que establece penalidades para el agente que, luego de haber tomado conocimiento de la comisión o de la existencia de un delito, procede a obstaculizar la acción de la justicia.
En este caso, el encargado de la Cuarta Fiscalía Provincial Especializada contra el Crimen Organizado, por razones desconocidas, estaría entorpeciendo que prospere una denuncia penal contra Jorge Pazos Holder. El informe policial que está en el despacho del magistrado señala con claridad que el empresario estaría implicado en el delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico y que habría utilizado sus institutos (Cesca, Cicex, Computronic) y la Universidad Peruana de Ciencias e Informática (UPCI), además de otra decena de empresas como centros de lavado del dinero adquirido ilícitamente.
Jorge Pazos Holder, empresario denunciado por lavado de activos. Su caso es un escándalo, pues ciertas autoridades parecen impedir las investigaciones.
Lo que es más, la propia Policía recomienda, en el informe enviado en diciembre del año pasado, ampliar las investigaciones sobre las empresas y propiedades de Pazos Holder. Pero el Fiscal hace caso omiso a la sugerencia policial y se ha hecho el dormido. El fiscal ha sido denunciado en calidad de cómplice, ya que esto es lo que dice la ley, y es obvio. Si llega un informe policial a las manos del magistrado y éste no actúa en ningún sentido durante más de tres meses, se cae de maduro que hay intenciones de demorar el caso. Los fines y las causas de esta demora deberán ser determinados por las autoridades. Sin embargo, siendo el investigado un hombre de mucho poder económico y político, las sospechas crecen.
Para mentir y comer pescado…
Pocos días después de que la Asociación Civil Unidos contra el Narcotráfico presentó la denuncia contra el fiscal Arellano Martínez, su directorio decidió interponer también una denuncia en contra de Jorge Pazos Holder. ¿El motivo? Una mentira en agravio del Estado, la Policía Nacional y de la opinión pública en general. Esa mentira fue propalada nada más y nada menos que a través de un costoso comunicado publicado el 20 de enero a página completa en el diario “El Comercio”. Allí, Pazos Holder sostuvo que el informe policial en su contra tenía firmas falsas, lo cual no era verdad, como fue probado posteriormente. Este es un caso en el que se cumple la famosa frase de la sabiduría popular: “Para mentir y comer pescado, hay que tener mucho cuidado”.
Por ese motivo, Heriberto Benítez y Benedicto Jiménez, presidente y vicepresidente de UCONA, presentaron ante la fiscalía una nueva denuncia contra Pazos Holder por el delito contra la Fe Pública – Falsedad Genérica, previsto y penado por el Art. 438° del Código Penal. El comunicado de Pazos Holder pretendió responder a una publicación que UCONA hizo en ese mismo diario unos días antes para felicitar y respaldar a DIVILA por la reveladora investigación en torno a las actividades del empresario educativo y exhortar al fiscal Arellano Martínez a actuar de acuerdo a las leyes.
En su pretendida contestación, Pazos Holder no hace ni un solo descargo sobre las serias imputaciones de la DIVILA, sino que afirma rotundamente, como si tuviera pruebas de ello: “En efecto, el informe de la DIVILA que ha sido remitido a la Cuarta Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada tiene las firmas falsificadas tanto del Comandante PNP Boris Valer Fernández como del Mayor Carlos Valer Cruces y del Coronel Juan Olivera García”. Ante una afirmación de este calibre, el encargado de la mencionada fiscalía solicitó ese mismo día por escrito un informe al jefe de la DIVILA respecto a la autenticidad o no de las firmas. El jefe de la DIVILA respondió el 25 de enero “que la naturaleza de las firmas suscritas en el Informe N° 379-12.2009-DIRANDRO PNP/DIVILA.DI5.V, tanto del Instructor (May. PNP Carlos Valer Cruces), es conforme (Cmdte. PNP Boris Valer Fernández) y del suscrito, son originales de puño y letra”. Además, aclaró que “respecto al contenido del aviso periodístico de la página A13 (numeral 4), del diario El Comercio, del 20ENE2010, en esta Unidad Especializada se desconoce la fuente o sustento de tal aseveración”.
Fiscal Avelino Guillén debe resolver la denuncia contra Arellano y Fiscal de la Nación, Gladys Echaiz, debe tomar cartas en el asunto.
El delito contra la Fe Pública – Falsedad Genérica se da cuando el agente altera la verdad, que dicha alteración sea intencional, que la alteración sea respecto de palabras, hechos entre otros actos de falsedad y que dicha falsedad ocasione un perjuicio a un tercero. La denuncia de UCONA afirma que los tres parámetros se cumplen en este caso, dado que “el denunciado Jorge José Pazos Holder, con clara intencionalidad de ocasionar un perjuicio a la investigación llevada a cabo a nivel de la 4ta FCOR, hizo afirmaciones falsas en el sentido que las firmas consignadas en el Informe Policial que indicaban que existía indicios suficientes de la comisión del delito de Lavado de Activos (…) no eran verdaderas y que no correspondían a los que la habían suscrito”.
UCONA amplió su denuncia contra el fiscal provincial José Castellanos Jara, quien es el fiscal adjunto de la Cuarta FCOR, por los mismos delitos imputados contra el fiscal Arellano.
Maniobras
• El empresario denunciado está tratando de emplear toda clase de artimañas para impedir la investigación, según se supo.
• De acuerdo a las versiones recogidas por JUEZ JUSTO, incluso ha apelado a la colaboración de un sujeto que funge de periodista y publica, en cierto medio de comunicación, una columna impresentable, llena de errores ortográficos y galimatías.
• De ese modo, pretende enlodar el nombre de los denunciantes de este caso e implicar a otras personas sin miramientos de ningún tipo.
• Se sabe que el individuo en cuestión tiene un oscuro pasado, pocos escrúpulos y muchos antecedentes penales y que purgó condena por dos asesinatos, entre otros delitos.
Secretario detenido
Genaro Franco Rojas, secretario judicial-penal del Juzgado Mixto de Lurín, donde se ventilan varios de los expedientes relacionados con denuncias por tráfico de tierras de Jorge Pazos Holder y su primo, Gustavo Rey Holder, fue detenido el 26 de marzo al habérsele encontrado US$ 2,500 producto de una coima que le solicitó a Dedicación Máximo Fretel Faustino, en relación al expediente 375-2008-PE en contra suya por el presunto delito de falsificación de documento público, estelionato y asociación ilícita para delinquir. El secretario lo había amenazado con diez años de prisión si no le entregaba 5 mil dólares. Luego de que el día anterior Fretel filmara al secretario diciéndole “¿Cómo es para mañana? Tiene que ser el cincuenta por ciento”, la Policía preparó el operativo con billetes fotocopiados que le fueron entregados a Genaro Franco Rojas, ahora preso en Lurigancho.
Si bien luego de la escandalosa captura se está realizando un inventario de todos los casos llevados en ese juzgado (lo que podría traer más de una sorpresa), lo siguiente debiera ser investigar al juez Cabrejos Ríos, quien es el responsable final de lo actuado en esa jurisdicción.
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